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Cuando la justicia es injusta

Publicado 21/10/2021

En diversas ocasiones he insistido entre la contradicción de principios de justicia y legalidad. El primero reconocido por el “iusnaturalismo” frente al segundo del “iuspositivismo” conllevan un dilema moral que, aún hoy día, sigue sin resolverse. Asimismo he llamado la atención sobre el objetivo final de ambas posturas: hacer justicia, lo que no tiene nada que ver con aplicar leyes si éstas son injustas. Me he referido para ilustrar esta cuestión a lo que fue la Alemania nazi basada en leyes injustas, que los jueces tenían la obligación de aplicar si no querían prevaricar en su función. 

En diversas ocasiones he insistido entre la contradicción de principios de justicia y legalidad. El primero reconocido por el “iusnaturalismo” frente al segundo del “iuspositivismo” conllevan un dilema moral que, aún hoy día, sigue sin resolverse. Asimismo he llamado la atención sobre el objetivo final de ambas posturas: hacer justicia, lo que no tiene nada que ver con aplicar leyes si éstas son injustas. Me he referido para ilustrar esta cuestión a lo que fue la Alemania nazi basada en leyes injustas, que los jueces tenían la obligación de aplicar si no querían prevaricar en su función. Todo empezó el día que un juez dictó una sentencia injusta” responde el juez americano a su colega alemán en la magnífica película “Los juicios de Nüremberg”.

 

Nuestro sistema jurisdiccional concede al juez o instructor la facultad de proceder, analizar e interpretar libremente los casos que le son sometidos para emitir una sentencia justa, en la que pesen en adecuado equilibrio las circunstancias muy distintas de cada justiciable. No puede ni debe haber un “corta y pega” jurisprudencial o una simple cuestión de “legalidad” cuando, de verdad, se intenta hacer justicia. Esto supone una grave responsabilidad para esta función donde la experiencia humana, la preparación intelectual y el sentido común, deben pesar más que la compleja gama normativa de la “legalidad”. Es cierto por ello que ser juez, sobre todo en el ámbito penal, no es cuestión de oposiciones o conocimientos legales, que también, pero es mucho más importante los conocimientos morales, éticos y humanos de quien pretenda juzgar a los demás.

 

Naturalmente es mucho más cómodo —y supone menos riesgo moral y ético y menor responsabilidad personal—, el limitarse a aplicar un baremo establecido ya previamente y basarse en casos “similares” para dormir con la conciencia tranquila. Eso además permite aumentar la producción de expedientes en el colapso permanente de las administraciones de Justicia. Aplicar lo legislado es atenerse al criterio del legislador, aunque éste resulte ser inmoral o arbitrario. La responsabilidad pasa al tejado de “quien legisla” sin entrar a pensar los motivos reales por los que se legisla, por muy abyectos que sean. Los errores judiciales encuentran su paliativo en la responsabilidad ajena salvo, claro está, la temida prevaricación.

 

Hoy se publica en la prensa el caso de un ciudadano que, tras ser condenado a quince años y medio de cárcel y, llevar encarcelado ya once años en España, se descubre su inocencia hace ocho y aún está en prisión por cuestiones de procedimiento. En este caso, la sentencia estaba avalada por la propia audiencia provincial que tomó una decisión injusta a la vista de que condenó a un inocente a ser encerrado y perder once años de su vida. Es de imaginar que, como suele ocurrir, la acusación policial prevaleció sobre otras consideraciones y posibles pruebas a su favor y que el órgano jurisdiccional actuó de acuerdo con estas premisas. Ahora bien ¿quien puede o debe compensar a esta persona del daño recibido? ¿cómo se puede evaluar ese daño? Es de suponer que el juez instructor del caso se limitó a aplicar la “legalidad” en lugar de buscar con afán la justicia pero, ¿eso no le provoca algún tipo de remordimiento? ¿puede dormir tranquilo? ¿su conciencia no se revuelve?

 

La definición de Justicia más simple (pero más clara) que se conoce es: dar a cada uno lo que se merece. En el caso comentado ¿había pruebas suficientes? y aún en el caso de haberlas ¿se limitó el juez a aplicar el baremo establecido? ¿Cómo es posible que la jurisdicción superior no advirtiera la precariedad o falta de pruebas suficientes para quitar quince años de vida a una persona?

Sabemos que hay opiniones que tratan de justificar la violencia en nombre del Estado por razones diferentes y que muchos consideran necesario el miedo con carácter preventivo para evitar posibles delitos. Obviamente son opiniones discutibles y han sido discutidas en muchos foros especializados sin que, al parecer, como en el caso de la pena de muerte, se busquen vías de inserción o de redención social en lugar del aspecto puramente punitivo que significa la cárcel o la muerte. Parece mentira que, aún en sociedades que se pretenden cultas y civilizadas, sigan existiendo castigos irreversibles desde leyes injustas para los “robagallinas” —según expresión publicada del propio presidente del CGPJ.

 

 

La injusticia de las leyes procede de su propia elaboración. El pueblo las hace a través de sus representantes elegidos al efecto y esto produce legitimidad. Pero ¿qué ocurre cuando el pueblo es ajeno a lo que hacen sus teóricos representantes? ¿qué ocurre cuando incluso es contrario a lo que se legisla? La legitimidad supuesta se ve profundamente desautorizada y los legisladores sólo se representan a sí mismos y a sus posibles intereses. Los “lobbies” se hicieron para eso: para influir por intereses particulares en los legisladores. Son una figura aceptada (no perseguida), mientras que la opinión directa de los demás ciudadanos precisa contar con cientos de miles de firmas de apoyo para su “posible toma de consideración”.

 

Un axioma conocido dice que “las leyes son la expresión de los poderosos” no la expresión de los ciudadanos o de la sociedad, sino de aquellos capaces de influir en sus redactores para orientarlas en su beneficio. Por eso gran parte de las leyes producidas pueden llevar en sus rebuscadas redacciones y prolijos textos el germen de la injusticia e incluso ser contrarias al propio texto constitucional, el único aprobado o apoyado por el soberano. Los actos de gobierno procedentes de dichas leyes serían en ese caso nulos e injustos y sólo los tribunales de justicia independientes, que ejerzan como tales (no como meros aplicadores de normas), tienen la capacidad y la confianza del pueblo para actuar en consecuencia.

 

 

No podemos permitirnos privilegios fuera de razón en nuestros procedimientos judiciales, pero menos aún podemos aplicar las presunciones de inocencia de forma arbitraria o interesada, por mucho que sea el ruido mediático existente. Hay otros más casos que corren el riesgo de producir sentencias injustas al albur de procedimientos o por presunción de más veracidad en unos agentes que en otros. Las pruebas no pueden basarse solo en esas aseveraciones, las investigaciones no sólo pueden ser “científicas” al estilo Sherlock Holmes, los procedimientos deben llevar el tiempo necesario para su estudio y análisis circunstancial en profundidad y las penas sólo pueden ser proporcionadas y justas. Es preferible dejar un caso sin resolver antes que una sentencia injusta como la que comentamos. La Justicia debe ser la garantía de los débiles.

 

Juan Laguna

Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales. elMentor

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