Debemos asumir que existen inocentes condenados. Negarnos a esa realidad no se condice con las sólidas evidencias que aportan los sistemas comparados. Admitida la existencia de personas en esta situación, y aunque no podamos establecer con precisión su número, debemos revisar nuestros procedimientos en los aspectos que probadamente fallan, de acuerdo con la evidencia científica de que disponemos.

Las condenas erróneas son un problema del sistema, aun cuando se pueda identificar una causa específica, pues para que se produzca no debieron funcionar los controles de los demás intervinientes y -por ello- debe ser asumido como un tema colectivo.

Esta sección detalla los seis errores que se cometen habitualmente en las investigaciones.

La prevención de condenas erróneas debe ser una prioridad para la administración de justicia, pues de esto depende su legitimidad. Además de cometer una injusticia al privar de libertad a una persona inocente, se genera un espacio de impunidad, ya que deja libre al verdadero culpable, la víctima es revictimizada inútilmente y se han malgastado los recursos públicos.

El desafío es revisar nuestras actuaciones con una mirada crítica. Sólo así lograremos avanzar en el desarrollo de nuestro sistema de justicia y evitar que inocentes estén en la cárcel. Las causas de error se clasifican de acuerdo con la siguiente taxonomía:

Estrasburgo a condenado al  Estado español en más de  40 ocasiones durante los últimos 10 años, desde el 2008. Desde que entró en el Consejo de Europa, en 1977, más de 70 veces.

El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos regula el "derecho a un proceso equitativo", es decir, a un juicio justo. Su primer párrafo —el más vulnerado por el Estado español- establece que "toda persona tiene derecho a que su causa sea escuchada equitativamente, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial". El segundo apartado establece la presunción de inocencia "hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada"

En el caso de España, el motivo más habitual de vulneración del artículo 6 durante la última década es por vulnerar el derecho a la defensa, como por ejemplo condenar a un acusado sin darle una audiencia pública. Se han registrado 14 casos desde 2008. A continuación viene el hecho de no garantizar la tutela judicial efectiva (11), la duración excesiva del proceso (6), la parcialidad del tribunal (5) o por no respetar la presunción de inocencia (3).